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1 de octubre de 2022
Corte constitucional colombiana adopta una decisión judicial en la que hace una síntesis adaptada al lenguaje del niño involucrado
Las sentencias en formato de lectura fácil constituyen una herramienta de garantía para el acceso a la justicia y a la administración
La Corte Constitucional colombiana, en sentencia T-262 de 2022, ordena a empresa de seguros proveer al pago directo del porcentaje de la mesada pensional de sobrevivencia a que tenía derecho un niño, cuya madre había fallecido.
La decisión se produjo luego de verificar que el padre no invertía el dinero en el cuidado y manutención del niño. La Corte tomó la decisión frente a la que consideró una vulneración de los derechos el niño, lo que exigía una urgente protección.
Dentro del proceso, la compañía aseguradora estableció requisitos que comportaban una barrera de acceso desproporcionada al niño y a su abuela, quien tenía a cargo su custodia. En ese sentido, les exigió copia de la sentencia o del registro civil en la que se demostrara la modificación en relación con la patria potestad. Dicha exigencia se realizó aun cuando la compañía conocía las condiciones económicas y sociales del niño y su abuela.
La Corte ordenó que el porcentaje al que tiene derecho el niño se consigne en la cuenta de la abuela, en virtud de que es quien tiene su custodia y cuidado; pero también ordenó a la autoridad competente iniciar las actuaciones tendientes a adelantar el proceso declarativo de pérdida de patria potestad. El tribunal también aclaró que esta prestación económica es distinta de la obligación alimentaria a cargo del padre, por lo que también proceden las acciones tendientes a obtener su cumplimiento.
Esta sentencia constituye un importante antecedente en materia de sentencias en formato de lectura fácil, adaptado a la edad del niño cuyos derechos habían sido vulnerados.
“Tuvimos conocimiento de que, aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos enteramos de que no estabas recibiendo ese dinero. Por eso, los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos. Uno de los muchos derechos con los que cuentas es recibir y disfrutar el dinero que te dejó tu mamá. Por eso, tu abuela recibirá cada mes en su cuenta del banco tu dinero y te ayudará a administrarlo hasta que cumplas 18 años. Tu abuela se encargará de utilizar tu dinero para que puedas estudiar en el colegio y, si tú lo deseas, también en la universidad. Con ese dinero y con la ayuda de tu abuela, podrás comprar tus uniformes para el Colegio y tu ropa. Tu abuela también te ayudará a que con ese dinero puedas comer, jugar y divertirte”.
Resumen de la decisión en formato de lectura adaptado a la edad del niño involucrado en la decisión
Las sentencias en formato de lectura fácil constituyen una herramienta de garantía para el acceso a la justicia y a la administración. Su implementación hace parte de las obligaciones internacionales de los estados en materia de protección de los derechos humanos en relación con la infancia, la adolescencia, las personas con discapacidad, personas migrantes o pertenecientes a comunidades étnicas. Adoptar esta visión comporta una democratización de la justicia y de la administración.
En Colombia se radicó recientemente un proyecto de ley por medio del cual se establece el Formato de Sentencias de Lectura Fácil y se dictan otras disposiciones
Según el proyecto, la decisión judicial o administrativa “deberá adaptarse e individualizarse a las necesidades y capacidades de la persona en el caso concreto, privilegiando párrafos cortos, evitando lenguaje técnico y conceptos abstractos. La autoridad judicial o administrativa se apoyará en formatos audiovisuales, sistemas de lectura y escritura basados en signos, imágenes y ejemplos ilustrativos”.
Convendría preguntarse la real necesidad de una ley para estos efectos. De hecho, en aplicación de los estándares en materia de protección y garantía de derechos humanos, las autoridades pueden adaptar el formato de sus decisiones a las capacidades de las personas que intervienen y son parte dentro de los procesos. Serían de utilidad lineamientos provenientes del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior, que contengan los estándares mínimos.
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